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de 1986:
Una polémica ley de protección del Mar Menor, por lo que de enfrentamiento tuvo con el poderoso sector de la construcción, inició su recorrido legislativo con propuestas muy concretas para La Manga y Cabo de Palos.
Se acordó elaborar planes especiales de protección para las salinas de Marchamalo (afectando a Playa Paraíso y El Vivero y extendiendo su ámbito al bosquecillo de pinar y palmeras en la entrada de Cabo de Palos); Calblanque, islas e islotes, Cabo de Palos, Peña del Águila, Salinas de San Pedro, Coto de las Palomas, playas de La Llana y El Mojón y un plan urbanístico ambiental para La Manga.
El gobierno socialista de Carlos Collado, autor del proyecto, acordó que el proyecto contara con las directrices necesarias para suspender las licencias de parcelación de terrenos y edificación…
“…en todos aquellos casos que exista contradicción entre las previsiones de las directrices y los planeamientos municipales afectados, hasta en tanto no se salve dicha contradicción”.
El ambicioso proyecto que, como se verá más adelante quedó muy desvirtuado, incluía hasta restringir la utilización de embarcaciones a motor en la laguna.
A pesar de no gustar a los constructores las organizaciones ecologistas consideraron que esta ley apoyaba abiertamente los intereses urbanísticos y especulativos sobre la costa ya que…
“…El Palmeral de Cabo de Palos, parece estar condenado por una empresa urbanizadora inglesa, Calblanque es el punto de mira de una empresa urbanizadora germano-libanesa, propietaria de los terrenos. En Atamaría, se construye, por parte de La Manga Club, una abominable urbanización. El vertido de Portmán, a pesar de las promesas políticas, continúa sin solución”.
En cualquier caso lo que parecía innegable era la caótica situación en la que se encontraba la planificación urbanística en La Manga y la necesidad de poner algo de orden: ausencia de equipamientos colectivos y espacios libres, construcción de urbanizaciones turísticas como viviendas VPO, carencia de armonía en el diseño de los edificios… encontrándose la Comunidad Autónoma, además de a empresarios y ecologistas, con una fuerte resistencia al cambio por parte de los dos ayuntamientos afectados, San Javier y Cartagena, al ser receptores directos de los impuestos provocados por la construcción.
En mayo de 1987 el Consejo de Ministros declaraba “zona de especial protección” tanto a La Manga como a todo el Mar Menor junto a La Albufera de Valencia, el Delta del Ebro y las albuferas de las islas Baleares, siguiendo el espíritu de protección de determinados parajes mediterráneos acordado en una cumbre europea celebrada en Barcelona en 1976.
Pese a todo La Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor no pudo con tan poderosos enemigos y fue derogada el 5 de abril de 2001 por el nuevo Gobierno conservador sustituyéndose por una Ley del Suelo de la Región de Murcia de corte neoliberal y mucho más permisiva con el desarrollo urbanístico de la costa.