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de 1987:
Una tensa reunión organizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería con la Administración local y regional, y encabezada por Ángel Solano, puso de manifiesto los graves problemas por los que estaba atravesando La Manga en aquella década.
Según esta Asociación se hacía necesario crear la figura del alcalde pedáneo para la zona, una oficina descentralizadora en verano que se ocupara de todas las áreas municipales, atajar el problema de las sistemáticas roturas de los emisarios submarinos, evitar que el MOPU ubicara un helipuerto en el parking de la Plaza Bohemia, ampliar los efectivos de la Policía Local en la zona y que los agentes encargados reciban clases de idiomas para cumplir adecuadamente con sus servicios en La Manga.
Sin embargo, casi ninguna de las propuestas debatidas en la cumbre fueron escuchadas ni asumidas por la Administración lo que provocó una airada protesta de los empresarios de la zona:
“El ambiente general es de indignación ante la falta de cumplimiento de las afirmaciones de la Administración de que el Turismo es el pilar fundamental de la economía regional, no correspondiéndose con las actuaciones que se están desarrollando. No tiene razón de ser lo que ocurre en La Manga. Hay pasado ya el momento de las palabras y peticiones de paciencia. Ha llegado la hora de que se pase a las realidades y los hechos”.
Las amenazas se materializaron pronto en resultados sobre el papel. El 4 de mayo la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, en sesión extraordinaria y urgente, acordó aprobar diversas propuestas del Ministerio de Obras Públicas entre las que se incluía dotar con noventa y cinco millones de pesetas (unos quinientos setenta mil euros) la II fase de infraestructuras para La Manga dentro del Plan Regional de Obras y Equipamiento Colectivo, corriendo a cargo de la Comunidad Autónoma más de la mitad del presupuesto.
