25 de febrero…

de 1980:

Un amplio reportaje firmado por Bernardo Moragues para la revista Interviú acusa directamente a Tomás Maestre de haberse apropiado ilegalmente de unos terrenos de titularidad pública.

Para la revista:

“Tomás Maestre Aznar ha logrado hacerse dueño y señor de una lengua de tierra metida en el mar que en realidad es del Estado, es decir, de todos”.

Según argumenta en el artículo, la concesión administrativa otorgada por Real Orden el 10 de febrero de 1880, y que tan ostentosamente figuraba en un cartel en los setenta, no concede a Maestre derecho alguno sino, en todo caso, al gremio de pescadores de San Javier.

“[pero]… antes de empezar a vender parcelas, como es natural, había que legalizar la posesión privada de La Manga, de la que no disponían de escrituras de la época de Mendizábal ni nada que se le pareciera: tan solo había contratos de arrendamiento al Estado de su chabola para guardar las artes de pesca. Durante noventa años nadie reclama nada y el Estado deja hacer. Resultado: la conclusión del viejo colono: La Manga es nuestra y el codo también.

Empiezan a salir en el diario ‘La Verdad’ de Murcia tímidos anuncios. Viene a decir, poco más o menos, que Tomás Maestre reclama para sí tal extensión de La Manga y que, si en el plazo de treinta días nadie reclama derecho o propiedad, se procederá a redactar la correspondiente escritura pública.”

Y la cosa salió bien sin mucha resistencia estatal. Los Planes de Desarrollo franquistas lo requerían.

Y concluye:

“… la posesión de La Manga por un particular es absolutamente ilegal, las pesquerías son del gremio de San Javier y la ley de costas vigente no permite acotamiento particular de la mar, las golas o pasos deben quedar libres al paso de todo el mundo y el puente privado debe ser público. La Manga no ha podido ni puede ser zona urbana y privada por la sencilla razón de que el Estado jamás se desprendió de ella. Y no se desprendió porque no puede hacerlo, ya que es zona de dominio público.”