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de 1985:
El buque draga “Aridosa” permanece durante todo este mes enviando arena, a través de una enorme tubería sostenida con flotadores, desde las inmediaciones de la isla del Barón hasta las playas de Los Nietos donde se está haciendo un paseo marítimo de unos tres kilómetros ganándole los terrenos al mar.
El coste de la operación ascendió a sesenta millones de pesetas (unos trescientos sesenta mil euros) y los trabajos se mantuvieron en turnos de día y noche.
Según los responsables de la operación no existe peligro de que el mar se vuelva a llevar la arena.
“No debe ser así –afirmó el encargado de la empresa gallega que realizó la operación- ya que se ha estudiado a fondo el problema y lo que ocurre es todo lo contrario, se va ganando terreno al mar”.
Meses más tarde se anuncia la ampliación de la partida presupuestaria para la regeneración de nuevas playas. Concretamente será en Santiago de la Ribera, Lo Pagán, Los Urrutias y cuatro calas de Cabo de Palos (Calafría, Cala Torrevieja, Cala del Muerto y Cala Mayor).
Para Cabo de Palos se destina 134.694.610 pesetas (casi ochocientos diez mil euros) contemplándose la aportación de arena y la construcción de diques sumergidos frente a las calas.
El proyecto, sin embargo, contó muy pronto con la oposición de biólogos y ecologistas…
“El litoral murciano atiende suficientemente la demanda de playas arenosas, tanto urbanizadas, cuyo ejemplo podría ser La Manga, como sin urbanizar o en estado salvaje, por ejemplo Calblanque. La filosofía de la Administración debería ser la de explotar racionalmente los recursos naturales. Sería mucho más coherente que en lugar de gastar un montón de millones en destrozar la zona de Cabo de Palos, la Administración empleara ese dinero en poner unos servicios de limpieza e incluso de vigilancia, que retiraran los escombros y la suciedad que hay en las calas”.
Sobre Calafría recaería catorce mil toneladas de bloque de hormigón armado y roca suelta, en Cala Torrevieja, veinte mil; en Cala del Muerto, veintiuna mil y, en Cala Mayor, veintidós mil quinientas toneladas de hormigón y piedras.
Se trataba, en definitiva, de crear nuevas playas en lugar de regenerarlas algo que muy pronto enfrentó al organismo promotor de la idea, el Ministerio de Obras Públicas, con la Administración regional.
La presión de colectivos sociales y académicos hizo que, pocos meses más tarde, el Gobierno socialista de Carlos Collado ideara un decreto, publicado el 5 de enero, donde la Comunidad Autónoma se autoerigía como encargada de autorizar este tipo de obras “con carácter retroactivo”, al objeto de paralizar la creación de estas playas artificiales en Cabo de Palos.
En abril de 1986, sin embargo, ya se había llevado a cabo la recuperación de algunas playas en La Manga y terminado los espigones para el bombeo de la arena necesaria para completar el programa previsto a finales de ese año con un presupuesto de 48.401.600 pesetas (casi treinta mil euros).
Y en Cabo de Palos estaba prevista la “regeneración” de la playa de Levante, con un coste de 398.887.523 pesetas (algo más de dos millones de euros), y el estudio de impacto en el medio marino de las obras previstas para las cuatro calas objeto de la controversia.